La acumulación de normas europeas y estatales, y sus continuas actualizaciones, están provocando el desconcierto y la incertidumbre en los ganaderos de porcino. Además, el Ministerio ha aumentado la burocracia de forma irracional para poder privatizar, llegado el caso, el control de la normativa de bienestar animal.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que el aluvión de normativas estatales y europeas en materia de bienestar animal están provocando el desconcierto y la incertidumbre entre los ganaderos de porcino. El tsunami burocrático que se cierne sobre el sector supondrá una reducción de ingresos del 11% para las granjas de porcino (pérdidas de 8.000 euros anuales en una granja tipo de 2.000 cerdos en modelo de integración). Desde COAG se reclama un periodo transitorio superior a los dos años para que la normativa española y comunitaria no se solapen en el tiempo.
La aplicación estricta de las normas, junto con los propios esfuerzos de los ganaderos para ir más allá de los requisitos legales, ha dado lugar a que en España se tenga una de las normativas de bienestar animal más estrictas del mundo. No obstante, a nivel europeo, dentro del contexto de la Estrategia «De la granja a la mesa» se tomó la iniciativa de revisar la legislación en materia de bienestar animal al completo. En concreto, se prevé una actualización con nuevas exigencias para los animales en granja, en la regulación del transporte de los animales, procedimientos en el sacrificio y etiquetado.
Por otro lado, a nivel nacional ha entrado en vigor la modificación del Real Decreto 1135/2002 que implica, o bien una reducción de la densidad en las granjas entre un 7 y un 12%, o afrontar unas inversiones para una posible ampliación de las explotaciones que, además de gastos, conlleva unos trámites burocráticos imposibles de afrontar con el periodo transitorio de dos años que se ha concedido. Y es que el Ministerio de Agricultura ha aprovechado la “oportunidad” que ofrece el Reglamento 2017/625 para abrir la puerta a que las autoridades competentes puedan tener en cuenta resultados de auditorías de empresas privadas para sus propios controles oficiales. “Son cargas administrativas desproporcionadas e irracionales que no supondrán mejoras reales en la aplicación de las normativas estatales y europeas en materia de bienestar animal”, ha subrayado el responsable del sector porcino de COAG., Jaume Bernis.
COAG considera que todos los esfuerzos e inversiones que hagan los ganaderos para adaptarse a las exigencias de la normativa estatal pueden no servir para nada si en unos años llega otra actualización desde Europa. “Las normas se solapan y, cuando todavía no se ha conseguido amortizar una inversión, ya tenemos que afrontar la siguiente”, ha señalado Bernis, al tiempo que ha propuesto una moratoria en el cumplimiento de la normativa nacional teniendo en cuenta que, desde Europa, nos va a llegar una actualización “que nos obligará a nuevas inversiones y adaptaciones en nuestras granjas”.
