“Europa debe plantear el enfoque de la futura PAC en base a un nuevo modelo neoproductivista”
Estamos inmersos en el periodo de solicitud de la PAC 2022. ¿Qué aspectos debemos tener en cuanta a la hora de tramitar nuestra PAC esta campaña?
En principio la actual campaña de Solicitud única 2.022 será la última de la Reforma 2014-2020, en la cual el aspecto quizá más novedoso fue la implantación del pago verde, que consistía en condicionar una parte importante de las ayudas al cumplimiento relacionado con la diversificación de cultivos, el mantenimiento de los pastos permanentes o el respetar un porcentaje de superficies de interés ecológico. A fecha de hoy alguno de los requisitos del pago verde se pueden suprimir en este año a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia y la necesidad de producir más cereales y oleaginosas.
Con independencia de la situación actual e imprevista. en este año 2.022, es importante realizar la solicitud única puesto que los derechos de pago básico disponibles en 2.022 serán los que se tomen como referencia para determinar los nuevos derechos de ayuda básica a la renta a partir de 2.023 y siguientes con el proceso de convergencia a los valores medios de la región productiva a la que correspondan.
Además, es importante repasar las diferentes solicitudes a las que se puede acoger en el ámbito de las ayudas agroambientales de desarrollo rural, señalando que 2.022 vuelve a ser un año de prórroga de compromisos hasta la puesta en marcha de las nuevas intervenciones en 2.023. También hay que destacar, para los agricultores profesionales, la importancia de la ayuda a las explotaciones en zonas de montaña u otras zonas con limitaciones, esta última se implementó en 2021, y por ello es importante remarcar que no olviden hacer la solicitud de esta.
¿Usted cree que los dirigentes europeos conocen la realidad de la agricultura y ganadería de Castilla y León?
No se trata de creer o no creer, en mi opinión, aprecio un gran distanciamiento que existe entre los foros de decisión de las políticas en Bruselas e incluso en Madrid, a muchos kilómetros del campo, y la realidad del día a día de los agricultores y ganaderos. Son sucesivas las reformas, las últimas con un marcado enfoque medioambientalista, sin que existan análisis serios de impacto de la reforma anterior (ex post), pero tampoco se presentan estudios o predicciones a futuro (ex ante).
Además, hay que tener en cuenta que los modelos de agricultura y ganadería en Europa son muy diferentes, aparentemente cuando se presenta la nueva reforma post 2.020, se nos indica que habrá más libertad y responsabilidad de los países para definir sus propuestas de apoyo en el nuevo escenario, pero tengo que decir que en el transcurso de esta larga negociación o definición, más de seis años, el intervencionismo desde las instituciones comunitarias sigue estando muy presente y todo apunta a una nueva reforma con más exigencias, más control y con un presupuesto congelado, de no ser que, la situación geopolítica actual, provoque un giro brusco inesperado, ante una situación histórica no prevista y que debe hacer reflexionar a Europa, en cuestiones tan importantes como son la soberanía alimentaria o el establecimiento de planes de contingencia.
El pasado diciembre, el Ministerio de Agricultura presentó el Plan Estratégico Nacional de la PAC. Desde su punto de vista, ¿Cree usted que tiene la dotación presupuestaria suficiente para que se pueda mantener la rentabilidad en nuestras explotaciones agrícola y ganaderas?
España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue uno de los 18 estados miembros que cumplió en plazo la presentación del Plan estratégico Nacional “PEPAC”. A fecha actual todavía está pendiente la presentación por parte de Bélgica, que en realidad quiere presentar dos planes, uno para cada territorio regional (Flandes y Valonia).
En cuanto al presupuesto del PEPAC, ya he indicado que la próxima reforma, se caracteriza por una mayor exigencia hacia los agricultores con un presupuesto congelado. No obstante, hay que destacar que la mayor parte de los fondos proceden, todavía, íntegramente del fondo europeo Feaga con una reducción en términos corrientes de un 2 % y la otra parte de fondos son cofinanciados por los estados miembros, las Comunidades Autónomas y el Feader con un incremento prácticamente testimonial procedente de los fondos extraordinarios de recuperación y resilencia.
Siendo importante la dotación financiera para el nuevo periodo PAC, la principal carencia es el escaso peso que a la agricultura y a la ganadería se le ha atribuido de los fondos extraordinarios de recuperación y resilencia (0,75 %). Todo ello a pesar de la importante labor del sector agroalimentario en su conjunto que duran te la crisis del COVID no dejo de trabajar y fue capaz de garantizar el suministro de alimentos seguros a toda la población europea y solo se le gratificó con esa exigua cantidad. Ahora, en estos momentos en otra crisis, volvemos a solicitar esa solidaridad al sector, ¿Será de verdad tenida en cuenta su principal función que no es otra que producir alimentos sanso y seguros, o volverán los cantos de sirenas?
Tras la presentación de este documento, ¿nos podría decir cuál es el calendario de trabajo previsto para los próximos meses?
El calendario inicialmente previsto era que la Comisión en un plazo de seis meses tenía que aprobar los palanes presentados, en este sentido estaban previsto que a mitad de camino, es decir en marzo, la Comisión enviará sus primeras observaciones o comentarios, es lo que conocemos en el argot como “carta de 30 de marzo”, a partir del momento que se reciba la carta hay una parada de reloj, para el cumplimiento por la comisión de los seis meses, hasta que se reciban los comentarios o correcciones del plan por parte de España. Por tanto, la aprobación definitiva es probable que se produzca en el segundo semestre de 2022 (Julio – agosto).
Se esperaba que la mayor parte de las observaciones de la Comisión estuvieran relacionadas con el alineamiento de la PAC a los objetivos de las estrategias del Pacto Verde: Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad, en general orientadas a la reducción de insumos: fertilizantes, fitosanitarios, antibióticos, más superficies sin cultivo, más superficie ecológica y también en los aspectos sobre un mejor uso del agua y preservar su calidad y un mayor refuerzo del bienestar animal. La situación mundial en pocos días ha cambiado y estaremos expectantes a ver si hay un giro o no de la Comisión en sus postulados iniciales.
Paralelamente, en el ámbito interno en España ya se está trabajando en un amplio desarrollo normativo, en torno a 20 textos legislativos se prevén, desde una Ley para clasificar las sanciones, hasta distintos Reales Decretos en los que se establecerán las diferentes condiciones de los pagos, los métodos de control, las herramientas informáticas de apoyo. Etc.…
En el ámbito más cercano de la CA, en el segundo semestre publicaremos las normas en relación con las intervenciones territoriales del Feader, por ejemplo, las nuevas convocatorias para suscribir compromisos plurianuales de medidas agroambientales, y también estamos ya trabajando en la adaptación de herramientas informáticas que serán imprescindibles en el nuevo periodo como son: el registro de explotaciones agrarias y los cuadernos de explotación digitales.
Por tanto, mucho trabajo por hacer y desarrollar, que a partir del segundo trimestre de 2022 se someterá a información y consulta pública, con objetivo de su aprobación en el segundo semestre del año de forma que todo esté preparado y finalizado para la entrada en vigor de la nueva PAC el 1 de enero de 2023.
¿Quiénes han participado en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC y que papel ha jugado la consejería de agricultura y ganadería de Castilla y León?
La Comunidad Autónoma de Castilla y León, ha juagado un papel relevante en el desarrollo del PEPAC nacional en su conjunto, para lo cual ha sido una gran fortaleza el disponer de una posición común con el conjunto de agentes del sector. El objetivo principal siempre ha sido no perjudicar los intereses globales de la Comunidad Autónoma, evitando o minorizando que se pudiera perder financiación, esta premisa principal de mantener un cierto estatus quo en cuanto a finnaciación, podemos decir que se ha conseguido.
Sin embargo en su conjunto el modelo de una mayor ambición ambiental sin garantizar una sostenibilidad económica no nos convence y tampoco compartimos el que no haya una apuesta clara por una modelo de agricultura profesional y que además en muchos de los diferentes pagos se incluyan propuestas de degresividad de las ayudas o de reducción de importes para las explotaciones de mayor dimensión y que por tanto afectan, en mayor medida, a un modelo de agricultura profesional como el de Castilla y León.
¿Según este Plan Estratégico, quien será agricultor activo, y por lo tanto, perceptor de ayudas PAC?
Con carácter general para poder ser beneficiario de las futuras ayudas directas, hay que cumplir alguna de las tres condiciones siguientes, en o que se denomina agricultor activo:
– Estar afiliado a la seguridad social agraria por cuenta propia, o
– Acreditar que una parte significativa de sus ingresos totales, al menos un 25 %, proceden de la actividad agraria, o
– Como excepción a las condiciones anteriores, cuando el importe de las ayudas directas que reciba sea menor o igual a 5.000 euros anuales.
¿Cómo será la Ayuda Básica a la Renta en el próximo periodo?
En la nueva PAC 2023-2027, cuya entrada en vigor será a partir del 1 de enero de 2023, el principal pago por su importancia pasará a denominarse “ayuda básica a la renta a la sostenibilidad” que seguirá estando condicionada a la tenencia de derechos individuales por los agricultores. No obstante, a partir de 2023 el valor unitario de cada derecho (euros /hectárea) se recalculará, en función del nuevo modelo de regiones simplificado, propuesto por España (pasamos de 50 regiones en España a 20). Por tanto, se mantiene los derechos con nuevos valores por hectárea y además otra cuestión importante es el proceso de convergencia del valor de los derechos que se aplicará de tal forma que en 2026 el importe mínimo de un derecho en una región alcanzará el 85 % del valor medio a consta de reducir los importes de los derechos de valores superiores a la media de la región, mediante un proceso que se efectuará de forma progresiva en seis años comenzando desde ya en 2.022.
“Europa debe plantear el enfoque de la futura PAC en base a un nuevo modelo neoproductivista”
¿Está usted de acuerdo en cómo se han elaborado las distintas regiones de España?
Podemos afirmar que La simplificación de las regiones productivas en España no perjudica a Castilla y León, aunque podíamos haber logrado incluso mayor simplificación. Así pasaremos a tener: tres regiones de secano con importes muy parecidos a los actuales, dos regiones principales de regadíos, en las que se verán incrementados los importes en las zonas modernizadas y una sola región de pastos con importes en los niveles actuales.
¿Qué es el proceso de convergencia interna?
El proceso de convergencia interna tiene como objetivo dar respuesta a los mandatos que desde la Comisión se vienen señalando desde reformas anteriores como son el concepto de “tarifa plana”, que significa que los importes en una región agronómica determinada (secano. Regadío) deben ser idénticos para todos los agricultores. Por ello la Comisión establece, para la nueva PAC 2023-2027, que el valor mínimo de un derecho en una región agronómica determinada tiene que alcanzar al menos el 85 % del valor medio de esa región. Este requisito se puede cumplir con un incremento de una sola vez o con un incremento por tramos iguales como ha propuesto España, aplicar un crecimiento de 15 puntos en cinco años comenzando desde 2022 con un valor mínimo del derecho del 73 % y creciendo 3 puntos hasta 2026 que se alcanzará el 85 %.
¿Nos podía explicar en qué consiste la limitación de pagos (capping) y la degresividad?
Los mecanismos dirigidos a limitación de pagos (capping) y la degresividad, son cuestiones que no son novedosas, en ellos se viene incidiendo desde reformas pasadas y es una de las cuestiones que generalmente se incorpora en los mandatos de los acuerdos de la negociación sobre el presupuesto comunitario, como así ha sucedido en el acuerdo de la actual reforma de julio de 2.020.
En esencia consisten en aplicar reducciones a partir de un determinado nivel de ayuda por explotación “Degresividad”, en concreto para el nuevo periodo se ha previsto que a todo agricultor al que se le deba conceder un montante en virtud de la ayuda básica a la renta, cuyo importe sea superior a los 60.000 euros, se le aplicará una reducción en la parte del importe de ayuda básica a la renta que sobrepase dicha cantidad.
El porcentaje de reducción a aplicar se hará de acuerdo con los siguientes tramos.
- el 25% para el tramo comprendido entre 60.000 y 75.000 €;
- el 50% para el tramo comprendido entre 75.000 y 90.000 €;
- el 85% para el tramo comprendido entre 90.000 y 100.000 €.
- el 100% para los importes de Ayuda Básica a la Renta que superen los 100.000 € “capping”.
No obstante, antes de aplicar las reducciones, del montante a conceder de ayuda básica a la renta se restarán los costes laborales relacionados con la actividad agraria realmente pagados y declarados por el agricultor. Asimismo, a tales efectos, se podrán descontar los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas. En todo caso, el importe máximo de la ayuda básica a la renta a percibir por un agricultor no podrá superar los 200.000 € anuales.
Es importante destacar que, en el caso de las cooperativas agroalimentarias, de las sociedades agrarias de transformación y de las explotaciones en régimen de titularidad compartida, la reducción a la que hace referencia en los puntos anteriores se calculará y aplicará, en su caso, individualmente a cada uno de los miembros que conformen dichas entidades.
¿Cómo será el pago redistributivo?
El pago redistributivo ya se pudo aplicar con carácter voluntario en la reforma de 2015, de hecho, algunos países lo hicieron como Francia, a partir de 2023 es un pago que obligatoriamente todos los estados miembros deben establecer como complemento de la ayuda básica a la renta, y en esencia consiste en conceder un plus de ayuda a las explotaciones de una dimensión menor a costa de reducir los importes a las de mayor tamaño, por la justificación de economía de escala.
Así a partir de 2023, en España se propone que tendrán derecho a percibir la ayuda complementaria redistributiva aquellos agricultores que tengan derecho a un pago en virtud de la ayuda básica y soliciten el pago complementario redistributivo Este pago, ascenderá el importe al 10% de las ayudas directas, lo que supone un sexto de la ayuda básica a la renta, que se mantendrá por resiliencia dentro de cada región.
Teniendo en cuenta dicho montante global, se establecerá un sistema de doble umbral, en el que, hasta un primer umbral, diferenciado por regiones, el pago redistributivo será del 16,7 % del valor medio regional (incluyendo el Pago Redistributivo), con un efecto neutro. A partir de dicho umbral y hasta un segundo umbral, el pago redistributivo será del 40 % del valor medio regional, efecto positivo. A partir de este último umbral de hectáreas no se concederá el pago redistributivo. Con este enfoque de diferentes umbrales, la ayuda se orientará fundamentalmente a las explotaciones de tamaño medio, de forma que una explotación de secano de tierras arables, del entorno de 130-140 hectáreas, percibirá un importe mayor que con el modelo de ayuda básica exclusivamente.
¿Puede explicarnos cómo va a ser la condicionalidad reforzada?
La nueva PAC pone especial énfasis en una mayor ambición climática y medio ambiental. En este sentido se establece la necesidad de que al menos el 40 % del gasto se destine a intervenciones que tengan un impacto favorable para el clima y el medio ambiente y del 10% a objetivos de biodiversidad. Además, se han aceptado dos elementos clave de la propuesta de la Comisión: el principio de «no retroceder» y el vínculo jurídico entre los planes de la PAC y la legislación sobre el medio ambiente y el clima.
La nueva «arquitectura verde» se basa en tres elementos principales: condicionalidad reforzada, ecoesquemas y las intervenciones del segundo pilar vinculadas a las medidas de agroambiente y clima.
El primero de los elementos, son normas de obligado cumplimiento por todos los agricultores en materias de carácter ambiental y de bienestar animal para poder percibir de forma íntegra las ayudas directas y algunas de desarrollo rural. En este concepto se incorporan las actuales medidas establecidas en el pago verde y se refuerzan requisitos relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, especialmente el agua y también se hace hincapié en la preservación de la biodiversidad.
En el caso de ecoesquemas o de las medidas de agroambiente y clima, corresponden a compromisos que el agricultor puede asumir con carácter voluntario y relacionados con exigencias de nivel más elevado a las que se establecen como “línea base” en la condicionalidad reforzada, diferenciándose, entre ambas principalmente, por el periodo que comprende el compromiso voluntario, un año en el caso de ecoesquemas y de 5 a 7 años en las medidas de carácter ambiental
A día de hoy, ¿podemos decir que ya están concretados los ecoesquemas?
La propuesta de ecoesquemas, ahora denominados eco-regímenes, se basa en 7 prácticas concretas, que cubren todos los usos posibles del suelo, es decir: pastos permanentes y temporales, tierras de cultivo arables y tierras de cultivos permanentes leñosos:
Pastos permanentes y temporales
- Pastoreo Extensivo (P1)
- Siega sostenible o establecimiento de islas de biodiversidad (P2)
Tierras de cultivo
- Rotación de cultivos con especies mejorantes (P3)
- Agricultura de conservación-siembra directa (P4)
Tierras de cultivo y cultivos permanentes
- Espacios de biodiversidad: Superficies no productivas y elementos del paisaje (P5)
Cultivos leñosos
- Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas (P6)
- Cubiertas vegetales inertes (P7)
Estas prácticas deben responder a medidas con beneficios ambientales, en el caso de España se enmarcan en la “Agricultura de Carbono”: Mejorar la estructura de los suelos, reducir la erosión y la desertificación, aumentar el contenido en carbono de los mismos y reducir las emisiones y en la “Agroecología”: Favorecer la biodiversidad asociada a espacios agrarios, los paisajes y la conservación y calidad de los recursos naturales, agua y suelo.
Esta es una de las intervenciones, entre comillas, más novedosa en la nueva PAC y en el momento actual quedan flecos técnicos y de detalles por definir, en especial en la práctica que se propone de rotación de cultivos. Hay que señalar que el modelo inicialmente propuesto se ha simplificado y en parte responde a la propuesta realizada por Castilla Y león, que es la única CA de España que ha presentado un modelo alternativo de Ecoesquema Único.
Seguimos trabajando para que las prácticas sean atrayentes para los agricultores y ganaderos de Castilla y León, de forma que además puedan recibir las ayudas por todas las hectáreas de la explotación (como el actual pago verde), y discrepamos con el Ministerio en la aplicación de la degresividad de los importes en función del tamaño de la explotación.
¿Y las ayudas asociadas?
Las ayudas asociadas a la producción en la nueva PAC se configuran con un modelo muy semejante al actual. Serán destinadas al apoyo a la producción de un determinado cultivo o el mantenimiento de un tipo de ganado, dentro de los sectores considerados vulnerables, en concreto: la ganadería de vacuno de leche y de carne, al ovino y caprino (de leche y carne). el cultivo de proteaginosas y oleaginosas, el cultivo de la remolacha y los frutos secos.
En algunos sectores se incrementa la financiación: vacuno de leche y ovino caprino, así como en los cultivos proteicos que prácticamente se duplica. Castilla y León es la primera perceptora actualmente en pagos asociados y podemos afirmar que lo continuará siendo en un futuro, reflejo de ser la Comunidad Autónoma con mayores censos de: vacuno de carne y también en las primeras posiciones de ovino caprino y vacuno de leche, primera productora de remolacha y de cultivos proteicos. Además, ha sido importante que para este tipo de pagos se haya eliminado, atendiendo la exigencia de Castilla y León, el concepto de degresividad como inicialmente proponía el Ministerio
¿En qué consiste el refuerzo al relevo generacional y a la incorporación de mujeres?
Respecto al relevo generacional, la Comisión Europea considera que debe convertirse en una prioridad del nuevo marco político, y por ello ha propuesto, como uno de los objetivos específicos para la nueva PAC post 2020, “atraer y apoyara los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas rurales”. Nosotros compartimos el objetivo, solo será posible desarrollar un sector agrícola próspero si se produce un auténtico relevo generacional: nuestra envejecida comunidad rural necesita savia nueva para dinamizar el sector y abrirlo a las transformaciones tecnológicas que se están produciendo.
En lo que respecta al enfoque de género, el Ministerio hace bandera del logro, pero simplemente se ha añadido en principio en el objetivo específico 8 (cajón de todo o de sastre) “Promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible”.
Las prioridades indicadas se han recogido en el Plan Estratégico de España, tanto en el apartado de ayudas directas como en el apartado de las intervenciones de desarrollo rural en las medidas de incorporación de jóvenes, a los que se destinarán en el nuevo periodo en España un presupuesto específico de 220 millones de euros anuales.
Señalar qué respecto a periodos anteriores, las propuestas de apoyo al relevo generacional se refuerzan. Por ejemplo, en el apartado de ayudas directas un joven agricultor con hasta 40 años, formación agraria básica y que quiera incorporarse como jefe de explotación, podrá recibir, durante cinco años, un pago complementario al importe de la ayuda básica, por idéntica cuantía, (el doble que un agricultor que no reúna el requisito), hasta un límite de 100 hectáreas, y en el caso de ser mujer un 15 % adicional.
En este sentido, además de apoyar todos tipo de intervenciones que se puedan desarrollar en el contexto de la nueva PAC, creemos necesario establecer medidas, también de carácter nacional que faciliten el acceso a las explotaciones, con medias fiscales, laborales, de financiación y buena parte de ellas se incluirán en el Plan de agricultura y ganadería Joven en el que actualmente se está trabajando en la Consejería.
Por último, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a nuestros lectores de cara a la próxima campaña que entra en vigor el próximo año 2023?
En primer lugar, considero que siempre debe estar presente qué para lograr la sostenibilidad ambiental, se precisa una sostenibilidad económica, sin olvidar la social. Además, en los momentos actuales, considero que muchos de los nuevos planteamientos NO son fáciles de asumir y Europa debe plantear el enfoque de la futura PAC en base a un nuevo modelo NEOPRODUCTIVISTA, que incentivara la producción como en los inicios de la política que este año cumple su 60 aniversario, pero de una manera controlada, combinándola con otros requerimientos como la dimensión medioambiental, la calidad y la protección de la seguridad de los consumidores.
Tenemos que ser conscientes que al sector agrario se le pide para la futura PAC esfuerzos adicionales para girar hacia un modelo de producción más sostenible, el sector siempre se ha adaptado a las sucesivas reformas y por ello debe ser proactivo en los cambios exigiendo modelos simples y a la vez no renunciando a orientar sus explotaciones hacia nuevos modelos de negocio cuya premisa fundamental debe ser la rentabilidad, de lo contrario el resto de los objetivos no se conseguirán. Por tanto, se deben aprovechar al máximo los recursos económicos disponibles y no solo las ayudas directas, puesto que también será imprescindible potenciar el conocimiento, la Innovación y las nuevas tecnologías, la digitalización y los servicios de asesoramiento e intercambio de datos.
