La “uberización del campo español” está poniendo contra las cuerdas a los 350.000 agricultores/as más profesionalizados
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha elaborado un documento con las 100 medidas necesarias para la nueva legislatura 2023-2027, que ya ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En el mismo se traslada la necesidad de proteger y reforzar modelo social y profesional de agricultura. “La definición de un modelo de agricultura y ganadería socialmente necesarias pretende proteger a las personas que mantienen las explotaciones más vulnerables, imprescindibles para garantizar nuestra alimentación y soberanía alimentaria en un contexto de crisis climática y energética. Protegerlas frente a una agricultura y ganadería basada en modelos uberizados, insertas en largas cadenas de comercio global, financiadas con grandes capitales y/o fondos de inversión, que acaparan recursos naturales limitados o que, en muchas ocasiones, a pesar de expulsar a las personas, se disfrazan de agricultura familiar o sostenible”, ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
La producción agraria actual se está viendo alterada de forma radical por una serie de motores ajenos y propios que pueden desembocar en la desaparición del modelo social y profesional de agricultura. La presión a la baja de los precios agrarios, la desregulación del mercado, las importaciones de choque, la subida de los costes de producción nos coloca en una situación de desventaja y debilidad frente a las grandes extensiones e inversiones especulativas que campan a sus anchas en un mercado desregulado óptimo para la especulación. “Esto agrava el relevo generacional, el abandono del sector y la despoblación del medio rural”, ha afirmado Padilla al tiempo que ha avanzado que el nuevo gobierno deberá posicionarse ante una cuestión crucial: “¿la producción, la tierra y el agua en manos de fondos de inversión especulativos o de pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesionales que generan vida en nuestros pueblos y vertebran el medio rural de forma sostenible?”.
Esta legislatura y la Ley de Agricultura Familiar deben poner las bases y medidas para frenar la reconversión y provocar una gran incorporación de jóvenes a la agricultura. Para ello es imprescindible limitar la entrada de esos fondos de inversión y la especulación con la producción, la tierra y el agua.
Cuatro líneas de actuación estratégicas que sintetizan la base de las 100 medidas
En los próximos años, el modelo social y profesional de agricultura se enfrentará a nuevos desafíos y exigencias adicionales. La agricultura deberá garantizar en primer lugar el derecho a una alimentación sana para todas las personas, , mayores costes y mercados más volátiles, es decir, la seguridad alimentaria; en segundo lugar, esto deberá hacerlo de forma sostenible, preservando el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, el suelo, el aire y contribuyendo a la mitigación del cambio climático (a la vez que se adapta a sus adversos efectos en la producción); en tercer lugar deberá ser más eficiente en el uso de los recursos, para lo que necesitará recurrir a la innovación y especialmente, en el caso de la energía, a fuentes renovables; y en cuarto lugar, hacer nuestra la ley de la cadena, denunciando su incumplimiento, extendiéndola a todas las producciones, haciendo valer que los precios cubran los costes de producción y la amplitud de las normas de la ley.
Ante estos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios de la PAC que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado en el último marco financiero de la UE, en un escenario de nuevas exigencias dentro del Paquete Verde, que supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos.
En este contexto COAG demanda y reivindica:
- Unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo. En caso contrario no hay sostenibilidad. Para ello se debe aplicar en toda su dimensión la ley de la cadena, abordarse el reequilibrio de la cadena de valor y la competencia con terceros países, no únicamente el mejor reparto de las ayudas. Igualmente, será fundamental contar con mecanismos de gestión y regulación de mercado que afronten las situaciones de crisis, bien dotados y financiados al margen de las ayudas directas. Asimismo, habría que recuperar el principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias.
Tenemos que exigir que todos los productos que entren de terceros países se equiparen a los estándares de producción de la UE, tanto a normativas de bienestar animal, regulaciones de fitosanitarios, normativas medioambientales (nitrógenos ganadería) obligaciones laborales, etc.
A) Si utilizan sistemas de producción prohibidos en la UE, rechazar la entrada y puesta a disposición de los consumidores dentro de la UE.
B) Si lo que incumplen son normativas laborales, fiscales, etc. con respecto a nuestras regulaciones (no las de sus países de origen), hacerles pagar tasas arancelarias cuyos importes se destinarían a un fondo anti-crisis de gestión estatal para cada sector afectado.
- Disponer de un período de adaptación para asumir los importantes cambios que se producirán, con un apoyo importante tanto en ayudas como en inversiones, formación y asesoramiento. Los agricultores y ganaderos serán protagonistas de la lucha contra el cambio climático y liderarán el compromiso por un modelo agroalimentario sostenible, pero es imprescindible que la UE revise todos los tratados de libre comercio con terceros países, estableciendo el principio de preferencia comunitaria y soberanía alimentaria y condicionando las importaciones a los estándares que ya cumplen los productores europeos.
- Un abanico de actuaciones en lo que concierne a los costes de producción, cuya tendencia al alza ha reducido la rentabilidad del sector los últimos lustros. En este aspecto es imprescindible la creación de un observatorio de los costes, apoyar inversiones para reducir la dependencia energética de las explotaciones agrarias y favorecer el uso de energías renovables y también para avanzar en la transformación digital de las explotaciones agrarias. La transformación digital es un gran reto para el sector agrario, con grandes oportunidades, pero también riesgos y amenazas para nuestro modelo de agricultura y alimentación, que en última instancia puede provocar una fuerte reconversión.
- Incorporar a un mínimo de 10.000 nuevos agricultores y agricultoras cada año, facilitando todos los instrumentos necesarios para ello, sobre todo el acceso a la tierra, principal dificultad para la instalación.
