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ASAJA califica de “arbitrario” el reparto de las ayudas por sequía, que penaliza a Castilla y León

ASAJA de Castilla y León califica de “arbitrario” el reparto de las ayudas por sequía aprobadas por el Gobierno, puesto que marca una discriminación de partida que perjudica a la Comunidad Autónoma. La organización agraria ha analizado en rueda de prensa, celebrada hoy en la sede de ASAJA Ávila, la repercusión de las medidas anunciadas ayer por el ministro de Agricultura, Luis Planas, “cuyas declaraciones distan mucho de lo que hoy hemos podido comprobar en el Boletín Oficial del Estado, puesto que no señaló en ningún momento que una vaca, una oveja o una cabra de Castilla y León va a recibir justo la mitad que la mayoría de España», ha subrayado Donaciano Dujo, que ha estado acompañado por Joaquín Antonio Pino, presidente provincial.

Para el responsable regional, “hay un error de partida en las medidas, que es calibrar sin pisar nuestra tierra que el impacto de la sequía en Castilla y León es medio, cuando vamos sin freno hacia una cosecha por debajo de 3 millones de toneladas, tan catastrófica como la de 2017, y el ganado no encuentra pastos y el forraje es escaso y muy caro”. ASAJA exige del Ministerio “una rectificación, porque no hay criterios objetivos para separar a Castilla y León del resto de comunidades con afección alta de sequía que recibirán el doble de ayudas, salvo que sea que aquí no hay elecciones autonómicas el 28 de mayo”.

ASAJA calcula que las pérdidas por sequía en Castilla y León, en una campaña de enormes costes de producción, superarán los 2.000 millones de euros, y pide que las administraciones, de forma conjunta, “aporten ayudas por al menos la mitad, 1.000 millones. Repartidas entre los 40.000 profesionales de la agricultura y ganadería de la Comunidad Autónoma, estaríamos hablando de alrededor de 25.000 euros por explotación, que deberían cubrirse de forma conjunta por el Estado español, el fondo de crisis de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León”. En este punto, Donaciano Dujo dijo que “el campo de Castilla y León está huérfano de tutela por parte de la Junta, que ni siquiera critica las ayudas del gobierno”, e hizo un llamamiento “tanto al presidente Mañueco como al consejero Dueñas, para que abanderen la defensa del sector en un momento crítico, porque si somos el granero de España y tenemos los mayores censos ganaderos, somos también los que más pérdidas vamos a soportar”.

Además de las imprescindibles ayudas directas, ASAJA aboga por un seguimiento continuo de las necesidades específicas de cada sector, comenzando por el ganado de extensivo, que ya tiene dificultades para contar con paja o abastecerse de agua, y siguiendo por el resto de las producciones. Especialmente, hay que tener en cuenta que el real decreto-ley no aclara cómo se ayudará a la agricultura, y Castilla y León es la comunidad autónoma con más superficie de secano del país y por tanto la que va a estar más perjudicada.

La distancia entre las ayudas anunciadas en ganadería y las pérdidas reales es enorme. Así, para una explotación media de 100 vacas de carne la ayuda sería de 7.800 euros; una de ovino de carne de 800 ovejas, de 7.200 euros; una de vacuno de leche (unas 120 vacas), unos 3.700 euros, y una explotación media de leche de ovino-caprino (unas 550 ovejas), percibiría unos 3.000 euros de ayuda. Sin embargo, el sobrecoste estimado de alimentación y costes de producción oscila entre 20.000 y 30.000 euros por explotación.

Respecto a otras medidas complementarias, ASAJA señala que es importante el incremento de subvención del seguro agrario, aunque sigue pendiente una reformulación del seguro, para que cubra realmente los rendimientos a precios reales de la agricultura de Castilla y León, algo que penaliza especialmente a las provincias del sur de la Comunidad Autónoma.

En cuanto a las medidas de financiación, “se quedan muy cortas, el campo necesita un plan de financiación a largo plazo, que aporte liquidez, porque los intereses están muy altos y las explotaciones no aguantan más endeudamiento. Necesitamos préstamos a largo plazo, con dos años de carencia, interés cero y ayudas para amortizar el capital en los primeros años”.

Finalmente, Dujo valoró el paquete de medidas fiscales y rebajas de módulos, “aunque no resuelve el problema porque, si no tenemos ingresos, ¿qué vamos a pagar? Y lo mismo ocurre con el aplazamiento de la Seguridad Social, lo que necesitamos es condonación”.

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