“La gestión del Agua debe actualizarse como lo está haciendo la agricultura”
Tras un año muy complicado para los regantes por como fue la campaña 2017. A fecha de hoy, ¿Cómo se presenta el nivel de reservas de agua en los embalses de la Cuenca del Duero?.
Afortunadamente la situación de escasez que sufrimos a lo largo de la pasada campaña está en estos momentos superada. Con los embalses por encima del 80 % de su capacidad y un mes de abril que está resultando generoso, en cuanto a precipitaciones, podemos disponer de dotaciones de agua suficientes para una campaña de riego normal. Incluso el Sistema Pisuerga-Bajo Duero se está recuperando apreciablemente y es posible prever una mejora en las estrictas dotaciones de riego que se contemplaron en la última Junta de Explotación de finales de marzo.
Con los datos actuales, ¿se podría decir que vamos a afrontar una campaña de riego en condiciones normales?.
Manteníamos la incertidumbre sobre la recuperación del Sistema Pisuerga-Bajo Duero, que dependía de hasta cuándo se prolongasen las lluvias, pero en el resto no vislumbramos problemas en este sentido. Finalmente, el sistema Pisuerga Bajo Duero tendrá una dotación de 5.500 m3/ha para la presente campaña, según acordó su junta de explotación.
Las infraestructuras con las que cuenta actualmente la CHD son suficientes o sería necesario afrontar nuevas obras como embalses, presas, etc., que optimicen el agua que se acumula en los años generosos?.
Las necesidades de regulación dependen de un amplio conjunto de factores de entre los que podríamos destacar la distribución de las demandas de agua y los recursos naturales disponibles. En un país de precipitaciones escasas y mal distribuidas en el tiempo, además de las necesarias actuaciones de ahorro, debemos contemplar también la posibilidad de nuevas regulaciones donde sean necesarias y viables ambientalmente. Pero es necesario un estudio serio que contemple todos estos factores además de la adecuada valoración de los efectos del cambio climático.
Desde mi punto de vista la mejor garantía que podemos tener a la hora de tomar decisiones como es la de construir un nuevo embalse, es ajustarnos al procedimiento que tenemos establecido. Y este empieza por una adecuada Planificación Hidrológica que evalúe el agua disponible a medio y largo plazo, las necesidades que no podremos satisfacer de ningún otro modo y los impactos que pueda generar cada alternativa.
La agricultura estos años ha evolucionado muchísimo: mayor rotación de cultivos, digitalización, nuevas exigencias para cumplir la PAC. ¿a su juicio, sería positivo que se adaptase también la actual ley de aguas a esta nueva realidad que vive nuestro campo?
Podría hacerse la pregunta a la inversa: ¿está adaptada la agricultura española a las exigencias actuales relativas a la gestión del agua?. La UE se ha autoimpuesto unas exigentes reglas en materia de sostenibilidad ambiental que condicionan y mucho todos los usos del agua. La propia PAC cada vez que demanda fondos lo hace a través de su mayor incidencia en el respeto al medio ambiente (una PAC cada vez “más verde:). En este sentido la DMA es una Directiva programática de la UE en lo que se refiere al compromiso medioambiental vinculado al agua que ya va a cumplir 18 años.
Es más, es la propia Comisión Europea la que pide a España un mayor esfuerzo en adaptar la Ley de Aguas española a las exigencias de la política ambiental que marca la DMA: supeditar las políticas sectoriales al logro de los objetivos ambientales, una mayor corresponsabilidad de los usuarios en la recuperación de costes, un mayor esfuerzo para minimizar los riesgos de inundación, una gobernanza comprometida con alcanzar el buen estado de cauces, acuíferos y los espacios protegidos dependientes, … Por tanto lo que sí se ve es que la gestión del agua debe actualizarse como también lo está haciendo la agricultura. El reto está precisamente en lograr una adecuada compatibilidad en ese proceso, de modo que logremos una agricultura sostenible.
Hay muchos regantes que tienen pozos con licencia de minas. Con los precedentes judiciales de los pleitos civiles ganados por parte de los agricultores, ¿por qué no se legalizan todos y se evitan costes judiciales innecesarios?
Hay que decir que no todos los procesos judiciales (España es algo más que el Duero) se ganan por parte de los demandantes, es más en la mayoría se pierden. La legalización de los pozos ejecutados y utilizados anteriormente a la Ley de Aguas de 1985 tuvieron dos períodos para poder hacerlo: uno de tres años (1986 a 1988) y otro de tres meses (julio a octubre de 2001). Posteriormente a este período la inscripción en el Catálogo de Aguas Privadas sólo puede hacerse, como usted indica, a través de Resolución judicial firme.
En la cuenca del Duero vemos que se han inscrito muchos pozos en el Catálogo de Aguas privadas (suponen prácticamente un tercio del total). Hay situaciones tan singulares como que un municipio apenas hay “pozos de minas” y, en el de al lado, casi todos son “pozos de minas”.
No hay que olvidar que el agua es pública en toda España desde la Ley de Aguas de 1985. Mantener el Catálogo de Aguas es, de alguna manera, una excepción, una forma de sostener la situación legal de los derechos privados existentes cuando esa Ley entró en vigor. Y es imposible hacer una planificación seria de recursos subterráneos sin un inventario claro de pozos y de derechos. Incluso podría darse el caso, ya ocurre, de que a pesar de ser inscritos por sentencia judicial no hubiera agua, o darles recursos comprometidos para otros usuarios que sí pasaron en su día por la inscripción de sus pozos.
Hay un gran desconocimiento del funcionamiento de los Organismos de cuenca
La administración está trabajando en dos direcciones. Por un lado, intentando que los agricultores modernicen sus sistemas de riego lo que conlleva un uso más racional del agua. Por otro, impulsando la incorporación de nuevas zonas regables. Estas dos iniciativas, ¿son compatibles con una menor cantidad de agua disponible fruto de periodos de sequía cada vez más constantes y prolongados?
Los nuevos regadíos están tasados en el Plan Hidrológico. No parece razonable pretender implantar nuevos regadíos adicionales a los planificados sin garantía de suministro o incluso, como usted dice, que se modernicen regadíos con poca garantía de suministro después de muchas inversiones.
Somos conscientes que el agua es un bien público y escaso y que la administración debe velar por su uso. ¿Usted cree que los agricultores son conscientes de esto?
Nadie mejor que los regantes saben que los recursos subterráneos de algunas zonas son cada vez más escasos pues deben ir bajando las bombas cada año, lo que supone más coste de bombeo e incluso nuevas inversiones para profundizar el pozo. En el caso de las aguas subterráneas el logro de los objetivos ambientales es coherente con disponer de agua para riego a precio razonable. No obstante, aunque va cambiando la mentalidad, hay una idea extendida en el sector de que el agua de “mi pozo es mía” y que esa agua es “infinita”. Estamos viendo, a partir de los datos del Plan Hidrológico, que no es así, que el agua no es infinita y si no hay acciones concretas se puede terminar.
En muchos casos el agricultor tiene la percepción de que la CHD es un órgano que solo se ocupa de perseguir al agricultor para sancionarle. ¿Cree usted que sería necesario generar entre todos un ambiente más positivo para que regantes y CHD, vayan de la mano para superar situaciones tensas como son los periodos de sequía?
Sin duda alguna, sin una actitud de corresponsabilidad en la gestión sostenible del agua será muy difícil contar con la agricultura que demanda nuestra sociedad. Una agricultura capaz de resistir las dificultades que nos impone, no solo el cambio climático, sino también la creciente necesidad de alimentos y, como consecuencia, la mayor necesidad de un recurso tan escaso como es el agua.
Ante esta situación la confrontación entre usuarios y administración no conduce a nada. El modelo a seguir lo tenemos en el riego con aguas superficiales, donde esa colaboración de la que habla tiene rango de ley (por ejemplo las Asambleas de Usuarios, las Juntas de Explotación y las Comisiones de Desembalse, creadas por el Reglamento de la Administración Pública del Agua). Si hay un organismo público en el que están representados en las decisiones todos los usuarios es la Confederación. Las Comunidades de Regantes no solo sostienen el mantenimiento y operación de las infraestructuras sino que proponen, comentan, deciden en los órganos citados. Hay un gran desconocimiento del funcionamiento de los Organismos de cuenca.
Ustedes históricamente han defendido la creación de comunidades de regantes tanto para aguas superficiales como subterráneas. Después de la campaña pasada, especialmente complicada, ¿han detectado una mayor predisposición de los regantes a agruparse en estas entidades? ¿ha aumentado su número de forma significativa?
Sí. Hay una mayor concienciación en aguas subterráneas, sin embargo debemos seguir avanzando en esta línea para poder llegar a una mejor gestión. En aguas superficiales vienen funcionando ya hace muchos años.
El agricultor de regadío de Castilla y León es de los más profesionales y tecnificados de España. Últimamente se está apostando porque cambie de las fuentes de energía tradicionales como el gasóleo o la electricidad a la energía fotovoltaica. Estos pasos están muy bien, pero debido a la escasez, ¿no seria más interesante encaminar la modernización hacia sistemas de ahorro y optimización de agua como el riego por goteo?
Entiendo que hay que actuar en ambos sentidos. No son aspectos incompatibles sino todo lo contrario. Sin duda la apuesta por la modernización y optimización del agua debe ser decidida para dar sostenibilidad al sistema productivo, pero el ahorro energético repercute directamente en el bolsillo de los agricultores y en las emisiones de CO2 a la atmósfera, especialmente cuando se implantan sistemas de energía renovable.
La Comunidad de Regantes del Canal de Simancas-Geria-Villamarciael y la Comunidad de Regantes de Tordesillas acumulan varias infracciones. La Confederación Hidrográfica del Duero va a ser sensible a la situación que atraviesan los regantes tras una campaña pasada durísima y especialmente adversa, imponiendo las sanciones más bajas dentro del amplio margen que tienen?
La instrucción de los expedientes sancionadores por la CHD se hace con arreglo a la normativa vigente. Los supuestos infractores tienen al menos tres ocasiones de presentar alegaciones y, en su caso, acogerse a las reducciones previstas por la Ley antes de la Resolución del expediente. Todas las alegaciones de estas Comunidades se han estudiado y finalmente se propondrá una Resolución.
Por último, ¿qué mensaje le gustaría mandar a los regantes de Castilla y León de cara a la próxima campaña de riego?
El fundamental es que, a pesar del buen estado de los embalses, sepan gestionar los recursos hídricos con moderación gastando lo estrictamente necesario, porque no siempre un exceso de riego genera mayor producción. Porque el agua que no se consume queda ahí para afrontar la campaña siguiente, que no sabemos cómo va ser. Además, insisto en la apuesta por modernizar los regadíos que aún no lo están para ahorrar recursos y favorecer así la innovación en la agricultura de Castilla y León, muy tecnificada; en la importancia de la autogestión por parte del regante que representan las dotaciones de metros cúbicos por hectárea, y en el obligado empleo de caudalímetros. Todo dentro de un planteamiento ambicioso y sostenible, ante la incertidumbre del cambio climático.
Juan Ignacio Diego en un momento de la entrevista.
