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La producción de uva de vino asegurada en Castilla y León se incrementa un 50%

Las cuatro últimas cosechas de uva de vino acumulan indemnizaciones de casi 210 millones de euros a nivel nacional

 

España es uno de los principales productores mundiales de uva de vino, un sector de gran relevancia económica, social y cultural en nuestro país. La vid ocupa el tercer puesto en extensión de terreno cultivado, en relación con otros cultivos típicos en España, por detrás de los cereales y del olivar. El 2020 está siendo un año complicado y muy convulso en todos los aspectos de nuestras vidas. En medio de una pandemia global que ha puesto nuestro mundo del revés, llegamos al otoño y con él comenzó el periodo para contratar seguros tan importantes en Castilla y León como es el de uva de vino para la cosecha 2021. Una herramienta para la gestión de riesgos que se ha vuelto fundamental para proteger a las explotaciones de fenómenos como la sequía, la helada o el pedrisco, tal y como muestra la evolución de los datos de contratación de este seguro en los últimos años.

En la comunidad autónoma de Castilla y León la producción de uva asegurada se ha incrementado en cerca de un 50% a lo largo de las cuatro últimas cosechas, con cerca de 132.300 toneladas aseguradas en la cosecha 2016 y más de 195.500 en la del año 2020. En cuanto al número de pólizas, el porcentaje de incremento entre ambas cosechas supera el 40% y el aumento en la superficie asegurada alcanza casi el 60%. Estos resultados muestran que los viticultores consideran a este seguro como una inversión más que les garantiza la viabilidad y continuidad de sus explotaciones.

Desde el punto de vista de las indemnizaciones, en los últimos años nuestro país está experimentando condiciones climáticas de gran intensidad y muy variables. El año 2020 comenzó con la borrasca Gloria. A continuación, en el mes de febrero varios temporales de viento azotaron a los cultivos de nuestro campo, si bien lo que más daños ha ocasionado hasta el momento han sido las reiteradas tormentas de pedrisco que no han dejado de caer, fundamentalmente, desde que comenzó la primavera y a lo largo de todo el verano, aunque hay que resaltar que la primera tormenta caída este año data del mes de enero. En total, la uva de vino acumula indemnizaciones por valor de más de 44 millones de euros a nivel nacional, de los cuales 33,5 son debidos a la intensa actividad tormentosa. En el caso concreto de Castilla y León, esta campaña de uva de vino ha resultado positiva, ya que la incidencia de la adversa climatología ha sido más benévola que en otras ocasiones, así, por el momento, las indemnizaciones alcanzan casi los 1,6 millones de euros, la práctica totalidad han sido generados por las tormentas de pedrisco.

Entre los peores años que se recuerdan para la uva de vino se encuentra 2017, en el que una helada en el mes de abril (en plena primavera y cuando ya no se esperaba) dañó severamente la cosecha de uva de vino en general. Todo esto, en un año en el que una intensa sequía llevaba meses causando estragos. En total, a nivel nacional, la indemnización ascendió a casi 74 millones de euros, de los cuales más de 22 correspondieron a la comunidad autónoma de Castilla y León.

A continuación, 2018 se cerró con cifras record en cuanto a la ocurrencia de tormentas de pedrisco. De hecho, durante el mes de agosto todos los días se registró alguna tormenta de mayor o menos intensidad. Al final, los daños en uva de vino alcanzaron una indemnización de casi 55 millones de euros, que en el caso de Castilla y León supusieron casi 10 millones.

En total, los 4 últimos ejercicios (2017-2020) acumulan indemnizaciones a nivel nacional de cerca de 210 millones de euros, 35,1 millones corresponden a Castilla y León (casi un 17% del total).

Este contexto de incertidumbre y de intensa variabilidad climática pone de manifiesto la importancia de contar con un seguro agrario. Gracias al compromiso de quienes participan en el sistema de seguros agrarios, los agricultores reciben una compensación que se ajusta al daño económico sufrido y al nivel de cobertura contratado, en un plazo medio de 30 días desde la recolección o desde el final de garantías.

 

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