ASAJA considera necesario aumentar la promoción de este tipo de fruta a través de acciones encauzadas a destacar la calidad del producto
ASAJA se ha reunido con el director general de Producciones y Mercados Agrarios del MAPAMA, Fernando Miranda, y con el Subdirector General de Frutas y Hortalizas, Ignacio Atance, para analizar la grave crisis que atraviesa el sector de la fruta dulce en España, desencadenada hace ya tres años con la declaración del veto ruso en 2014, y estudiar medidas, tanto a corto como a medio plazo, que consigan recomponer la situación.
Como principal medida y con el fin de vertebrar el sector, mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados, ASAJA demanda al Ministerio que impulse la creación de una Organización Interprofesional para el sector de la fruta dulce. En este sentido, ASAJA considera necesario aumentar la promoción de este tipo de fruta a través de acciones encauzadas a destacar la calidad del producto.
También en el medio plazo, ASAJA defiende la necesidad de establecer un plan de prejubilación y retirada del sector, con arranque de plantaciones y control de nuevas plantaciones, tanto en hectáreas como en variedades, con el objetivo de escalonar y ordenar la producción y por tanto la oferta.
En el corto plazo se reclaman acciones dirigidas a paliar las dificultades financieras que atraviesan los productores como son la condonación de cuotas de la Seguridad Social y en concreto la devolución de las cuotas abonadas desde mayo; la reducción en el coste del seguro agrario; la reducción de módulos del IRPF y el establecimiento de nuevas líneas de financiación a través de créditos SAECA.
Asaja quiere recordar que el sector de fruta dulce de hueso es crucial para el mantenimiento de la población en amplias comarcas del territorio español, siendo la fuente principal de desarrollo económico en dichas zonas. Sin embargo las últimas campañas, con precios por debajo de costes de producción, lo han llevado a una situación límite que requiere de la adopción de medidas urgentes que se deben adoptar de forma coordinada entre el gobierno Central y los gobiernos autonómicos de las zonas afectadas
